Un ciudadano griego ha sido condenado a cinco años de prisión y a pagar una multa de 10.000 euros por haber administrado un sitio privado de torrents. La denuncia fue presentada por la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE), una organización respaldada por grandes empresas del entretenimiento como Netflix, Warner Bros y Disney. A pesar de que el sitio cerró en 2020, la justicia griega ha dictado una de las penas más severas registradas en Europa por este tipo de actividad. Este caso ha llamado la atención no solo por la magnitud del castigo, sino por su carácter ejemplarizante, y plantea preguntas sobre el tratamiento jurídico de la piratería digital, el papel de las organizaciones privadas en los procesos legales y las distintas formas en que los países europeos están abordando este fenómeno.

En este artículo no solo analizamos el caso griego, sino que lo contextualizamos con ejemplos similares ocurridos en España, estableciendo paralelismos con otras formas de lucha contra el acceso no autorizado a contenidos protegidos, como las medidas de bloqueo aplicadas por La Liga de Fútbol Profesional.

El caso griego: castigo post-mortem a una web cerrada

El sitio de torrents en cuestión operaba en formato privado, basado en invitaciones y sin acceso abierto al público general. Este tipo de portales suelen tener una comunidad activa que valora las normas internas de ratio, la calidad del contenido y el orden dentro de la plataforma. Sin embargo, para la ACE, esta estructura no supone una diferencia significativa: cualquier distribución de contenido protegido sin autorización se considera infracción.

Aunque la plataforma cerró en 2020, la organización presentó la denuncia igualmente y las autoridades griegas continuaron con la investigación. Finalmente, en 2024 se dictó sentencia: cinco años de prisión y una multa económica de 10.000 euros. A pesar de que la pena de prisión podría quedar suspendida bajo ciertos criterios, el caso ha tenido un gran eco por su contundencia.

Desde el punto de vista jurídico, la condena se basa en la ley 4481/2017, que refuerza el marco penal griego contra las infracciones de derechos de autor, y en concreto, contra el acceso y la distribución no autorizada de contenido digital. La aplicación de esta ley a un portal cerrado desde hacía años sugiere que el objetivo era enviar un mensaje disuasorio más allá del hecho en sí.

El caso español: de SeriesYonkis a Descargas2020

España ha sido durante años uno de los países europeos más activos en el uso de webs de intercambio de archivos. Esto ha generado una respuesta legal y judicial cada vez más estructurada, aunque con matices respecto a otros países.

Uno de los casos más conocidos fue el de SeriesYonkis. Tras años de actividad como una de las mayores plataformas de enlaces a contenido audiovisual en castellano, fue cerrada y llevada a juicio en 2019. El proceso penal acabó con la absolución de los administradores, ya que el tribunal consideró que no se había demostrado ánimo de lucro y que la web solo ofrecía enlaces, no alojaba directamente el contenido.

Otro ejemplo es el de Descargas2020, un portal que sí fue considerado una infracción directa. En este caso, se demostró que los administradores obtenían beneficios económicos a través de publicidad. La Audiencia Nacional les condenó a penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel, junto con multas por valor de más de 500.000 euros. Aquí el ánimo de lucro sí jugó un papel central en la condena, a diferencia del caso griego donde no quedó probado un beneficio económico directo.

En general, la justicia española distingue entre la distribución con ánimo de lucro (delito) y el simple enlace o acceso (que puede ser perseguido por vía administrativa o civil). Esta diferencia, sin embargo, se ha ido desdibujando con la creciente presión internacional y la acción de grupos como la ACE, que también opera en el país.

El paralelismo con La Liga: bloqueos por IP en tiempo real

Aunque no forma parte del ámbito del entretenimiento audiovisual tradicional, La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha adoptado medidas similares a las de la ACE, pero enfocadas al mundo deportivo. En los últimos años, y especialmente desde la aprobación del Real Decreto-Ley 24/2021, La Liga ha impulsado una estrategia de bloqueo dinámico de webs pirata, en colaboración con los operadores de internet.

Estos bloqueos se realizan en tiempo real, especialmente durante los partidos, y consisten en el corte del acceso a sitios que ofrecen emisiones no autorizadas. Según datos de la LFP, se han llegado a bloquear más de 15.000 dominios en un solo fin de semana. La mayoría de estas plataformas se alojan fuera de España, lo que impide aplicar medidas judiciales directas sobre sus administradores. Por ello, el enfoque se ha centrado en impedir el acceso desde territorio español.

Este mecanismo, aunque más preventivo que punitivo, comparte con el caso griego y con la ACE el objetivo de limitar el acceso al contenido protegido y enviar un mensaje disuasorio. La diferencia clave está en el método: en lugar de perseguir penalmente a individuos, se actúa sobre la infraestructura y el acceso.

La estrategia de La Liga está siendo replicada por otros sectores, como las plataformas de streaming deportivo, los estudios de cine o incluso editoriales de prensa. En todos los casos, el objetivo común es controlar el acceso no autorizado a contenido protegido, ya sea mediante sanciones individuales o mediante filtros de red.

ACE y su influencia en la política europea

La Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento se ha consolidado como una de las organizaciones más influyentes en la lucha global contra la piratería digital. Con base en Estados Unidos pero ramificaciones en Europa, América Latina y Asia, ACE ha contribuido al cierre de más de 50 plataformas relevantes desde 2017.

En España, ha colaborado con entidades como EGEDA o FAP en campañas legales y de concienciación. Su estrategia combina acciones judiciales (como las que dieron lugar al caso griego) con presión institucional. En varios países europeos ha instado a los gobiernos a agilizar procedimientos de bloqueo, imponer sanciones económicas más duras y facilitar la persecución penal de infractores, incluso si no hay beneficio económico directo.

La tendencia actual apunta a una mayor armonización de estas medidas a nivel europeo, especialmente tras la aprobación de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital (UE 2019/790). Esta directiva refuerza la responsabilidad de las plataformas y permite a los titulares de derechos exigir medidas más inmediatas.

Medidas alternativas y eficacia real

Mientras se intensifican las acciones judiciales, muchos expertos en derechos digitales y ciberseguridad cuestionan su eficacia real. Argumentan que:

• Las redes de torrents son resilientes por diseño, gracias a su arquitectura descentralizada.

• El cierre de un portal raramente supone el fin de la actividad, ya que los usuarios migran rápidamente.

• La persecución penal de individuos sin ánimo de lucro puede ser contraproducente, generando simpatía social por los condenados.

Por otro lado, estudios como los de la consultora MUSO señalan que las tasas de piratería han bajado notablemente en países donde se han implementado alternativas legales accesibles. En Noruega, por ejemplo, la piratería ha caído un 80 % desde 2011, gracias al auge de servicios de streaming con precios ajustados.

Este dato sugiere que la mejor disuasión no es la amenaza legal, sino la disponibilidad de alternativas legales eficaces, cómodas y asequibles. Las campañas educativas, los precios razonables y la mejora en la experiencia de usuario podrían ser más eficaces a largo plazo que los castigos ejemplares.

¿Una línea que se está cruzando?

El caso griego, aunque extremo, marca una línea que otros países podrían seguir. La judicialización del acceso a contenidos, incluso en plataformas privadas sin ánimo de lucro, ya no parece exclusiva de los grandes portales comerciales. Y aunque pueda parecer una medida aislada, encaja dentro de una tendencia más amplia de endurecimiento legislativo en Europa.

En España, la colaboración entre organismos públicos y entidades privadas como ACE o La Liga está llevando a una sofisticación de los mecanismos de control. Lo que antes se resolvía con un aviso de DMCA o una denuncia civil, hoy puede acabar en una condena penal.

La pregunta es si esto nos acerca a un modelo más justo o simplemente a una forma de control más vertical, donde el acceso al conocimiento y al entretenimiento queda cada vez más limitado por intereses comerciales.