En Gainesville, la Universidad de Florida alberga una instalación poco convencional: una tienda simulada, bautizada como «Justin’s General Store», diseñada íntegramente para estudiar el hurto y probar tecnología antirrobo. Detrás del proyecto está el Loss Prevention Research Council (LPRC), un consorcio en el que participan alrededor de 190 cadenas minoristas —desde Walmart hasta Amazon o Ikea— y 171 empresas proveedoras de soluciones de seguridad. El centro combina cámaras, sensores de peso, etiquetas RFID y modelos de comportamiento del cliente para entender, paso a paso, cómo piensa alguien que va a robar. Lo que empezó como un intento de aplicar el método científico a la prevención de pérdidas se ha convertido en una red privada de vigilancia que ya cubre más de 200.000 establecimientos en Estados Unidos, en pleno debate sobre si la supuesta oleada de hurtos es tan real como aseguran las patronales del sector.

Un modelo propio para clasificar al posible ladrón

El director del LPRC, el doctor Read Hayes, criminólogo formado en la Universidad de Leicester, ideó un sistema de análisis conocido como el «Bowtie Model» o modelo de la pajarita. La idea consiste en dividir el recorrido de un potencial ladrón en nueve fases, desde el aparcamiento hasta el momento del hurto y la posterior huida, asignando un código de color a cada tramo. El objetivo no es solo detectar el robo cuando ya se ha producido, sino identificar señales tempranas —tiempo de permanencia en el aparcamiento, trayectoria dentro de la tienda, comportamiento en los pasillos— que permitan anticiparse. Este enfoque se apoya en la máxima interna del centro, resumida como «Affect, Detect, Connect»: generar disuasión, detectar la conducta sospechosa y conectar esa información con el personal de seguridad en tiempo real.

La controversia detrás de las cifras del sector

El propio término «delincuencia organizada contra el comercio minorista«, que hoy repiten políticos y medios de comunicación, se atribuye en gran parte al doctor Hayes, aunque también se ha vinculado a King Rogers, antiguo responsable de prevención de pérdidas en Target. El problema es que buena parte de los datos que sostienen la narrativa de una «crisis del hurto» proceden de organizaciones financiadas por las propias cadenas afectadas. La National Retail Federation llegó a publicar en 2023 un informe según el cual casi la mitad de las pérdidas de inventario, cifradas en 94.500 millones de dólares en 2021, se debía a delincuencia organizada, una cifra que tuvo que retractarse tras una investigación que la contradecía con los propios datos de la federación. Según puede consultarse en el informe original de la NRF), las pérdidas por hurto habrían aumentado un 93 por ciento desde antes de la pandemia, un dato que también ha sido puesto en duda por analistas independientes.

Frente a este tipo de estadísticas sectoriales, el estudio de referencia más citado por criminólogos sigue siendo el de la Universidad de Columbia de 2008, que encontró que en torno al 10 por ciento de la población estadounidense reconocía haber robado alguna vez en una tienda, y que ese grupo mostraba además una probabilidad significativamente mayor de participar en otras actividades ilícitas relacionadas con el dinero, como el fraude o el juego. El trabajo, disponible en la base de datos PubMed, contrasta con los informes posteriores financiados por asociaciones empresariales, cuya metodología ha cambiado varias veces en los últimos años sin que se hayan aclarado del todo los criterios utilizados.

RFID, cámaras y el producto estrella de la lucha contra el hurto

Si hay una tecnología que domina hoy la conversación dentro del LPRC, esa es el RFID. Walmart lleva desde principios de los años 2000 exigiendo a sus proveedores que incorporen chips de identificación por radiofrecuencia en la cadena de suministro, y desde 2020 amplió esa obligación a la práctica totalidad de sus artículos, incluidas categorías que hasta hace poco se consideraban imposibles de etiquetar, como la carne fresca, la panadería o la charcutería. Estos chips, que hoy pueden fabricarse con un tamaño sumamente reducido, permiten a la cadena rastrear cada unidad desde el almacén hasta la balda de la tienda, ofreciendo una trazabilidad casi total del inventario. Sin embargo, su eficacia como herramienta antirrobo tiene límites técnicos conocidos: el campo electromagnético que emiten puede bloquearse con determinados materiales, entre ellos el papel de aluminio, lo que ha popularizado el uso de las llamadas «booster bags» o bolsas forradas para neutralizar los sensores en las puertas de salida. Dentro del laboratorio de Gainesville, el RFID convive con otras soluciones más rudimentarias, como los «freedom cases» de plástico bloqueado para maquinillas de afeitar, los cables de acero que envuelven televisores por sus seis caras o los estantes que registran variaciones de peso para detectar cuando alguien retira varios productos de golpe. El propio personal del centro reconoce que casi cualquier sistema puede burlarse: según explicaron durante una demostración, un simple imán de tierras raras es capaz de anular hasta el 95 por ciento de las etiquetas magnéticas empleadas en el sector.

El fracaso relativo del autopago

Uno de los grandes quebraderos de cabeza de la industria ha sido el autopago. Se implantó como una forma de reducir costes laborales, y funcionó en ese sentido, pero abrió una vía de escape evidente para el hurto: cuando el propio cliente escanea sus artículos sin supervisión directa, el margen para no pasar según qué productos por el lector aumenta de forma notable. Varias cadenas han empezado a retirar parcialmente estos sistemas o a reforzarlos con puertas que solo se abren tras validar el tique de compra, cámaras que vigilan las manos del cliente y sensores que comparan el peso del artículo escaneado con el que se deposita en la zona de embolsado. Aun así, los estudios disponibles sobre el origen del «shrink» —el término que usa el sector para referirse a las pérdidas de inventario— siguen señalando que buena parte de las mermas no proviene de clientes, sino de errores administrativos y de sustracciones cometidas por el propio personal de la tienda, un patrón que se mantiene desde hace décadas pese al foco mediático puesto en el robo externo.

Un negocio en pleno crecimiento

Más allá del debate sobre si la percepción de inseguridad se corresponde con la realidad, lo cierto es que el mercado de la detección de pérdidas se ha convertido en un negocio en expansión clara. Según cifras recogidas de Business Research Insights y citadas por la plataforma especializada ThinkLP, se espera que este mercado alcance los 43.000 millones de dólares en 2031, impulsado por la incorporación de inteligencia artificial a cámaras, cerraduras inteligentes y sistemas de reconocimiento de patrones de comportamiento. Ese crecimiento coincide con una etapa de beneficios corporativos históricamente altos: de acuerdo con datos publicados por The Wall Street Journal, los beneficios empresariales llegaron a representar un 12,1 por ciento de la renta interior bruta estadounidense, el nivel más alto desde 1950 y un 50 por ciento superior a los niveles previos a la pandemia, con el comercio minorista como uno de los sectores que más ha contribuido a ese repunte. Esa combinación de cifras alimenta un debate social de fondo: mientras las cadenas invierten cada vez más en vigilancia y tecnología de contención, una parte de la opinión pública percibe ese mismo periodo como uno de beneficios récord para las grandes superficies, lo que ha dado pie a fenómenos culturales como la reivindicación pública del hurto en redes sociales bajo términos como «microlooting».

Reflexiones adicionales

Lo interesante del caso del LPRC no es solo el despliegue tecnológico, sino la posición ambigua que ocupa: es a la vez centro de investigación académica, cabildero informal de la industria y proveedor de la terminología que después usan periodistas, políticos y fuerzas de seguridad para hablar del problema. Esa mezcla explica por qué las cifras sobre hurto en Estados Unidos varían tanto según la fuente, y por qué conviene leer con cautela cualquier estadística sobre «shrink» que no distinga claramente entre robo externo, error administrativo y sustracción interna. Al mismo tiempo, la sofisticación de las herramientas —desde el RFID hasta los sistemas de reconocimiento facial que algunas cadenas ya emplean para elaborar perfiles de clientes reincidentes— plantea preguntas serias sobre privacidad y proporcionalidad que van más allá de la simple eficacia comercial de cada solución.